Veintisiete
años después de aquel estallido social
que quedo grabado en la memoria de los venezolanos, hoy, vivimos algo que
supera en creces la situación que en la Caracas de 1989 hizo que el pueblo se levantara
y reclamara sus derechos.
El Caracazo,
nombre que se le dio al estallido social, fue un punto y aparte para una
situación político-económica-social que vivía el país. Un estallido masivo y sorpresivo de violencia
popular que se desarrolló por dos días continuos, al poco tiempo de iniciar
Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial. La magnitud
del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública
internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez
y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó
electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión
gubernamental.
El 16 de
febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés
Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado
popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios
sustanciales en la economía nacional. Muy parecido paquete económico, a ese
promulgado por el actual presidente Nicolás Maduro, solo que ahora las
circunstancias se presentan más rudas, y mucho más inmersos en una crisis
general, que va desde el rubro menos importante hasta el de mayor importancia
social. Dos realidades duras en un mismo escenario, Venezuela, somos los mismos
actores de siempre, los venezolanos, y son siempre los mismos responsables, un
gobierno sin escrúpulos, un gobierno corrupto que no parece tener saciedad.
Aquel
paquete económico presentado por Carlos Andrés Pérez no resulta ser tan diferente
a nuestra realidad, lo que marca la diferencia son las consecuencia de los
hechos. El paquete unificaba: decisiones sobre política cambiaria, deuda
externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios
públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban
la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un
programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener
aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación
de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta
un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la
eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de
cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones
con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos
los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual
de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas
doméstico y sin ceración general de precios de las empresas públicas; aumento
anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos
derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de
la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%;
aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e
incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el
área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la
importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto
territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.
La historia
nos cuenta lo siguiente, extraído de Venezuelatuya.com:
Todas las
medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación
inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del
26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a
partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los
cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no
estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo
debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un
paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo
Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que
cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos
habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje
estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto
grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron
destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al
comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos
hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales
comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de
penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y
alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos que los
mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares,
aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase
media.
Los actos de
violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y
en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los
alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia
de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales
ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y
Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las
acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y
en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de
evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes
del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para
comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas
y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica
llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta
situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se
desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera
necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de
la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción
popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes
de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que
habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.
Dado el
carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del
27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los
mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de
violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación,
hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de
Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios.
Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la
Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías
constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron
el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del
territorio nacional.
Como
consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las
garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los
dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de
pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según
cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de
acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al
millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a
consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el
control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para
los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.
De la misma
forma para marzo de 1993 el
Fiscal General de la República, Ramón Escovar
Salom,
introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en su contra por el delito de
«peculado doloso» y «malversación» de 250 millones de Bolívares (17 millones de
dólares en esa época) de la partida secreta por cuyo manejo era responsable.
Durante el proceso se reveló que dicho dinero había sido utilizado para ayuda
internacional a la Presidente Violeta Chamorro en Nicaragua y la vicepresidente
Yesseany Medina Parra.
Hoy día el
venezolano haciendo uso de su incapacitada memoria continua los caminos turbios
de políticas desdeñadas que solo intentan justificar las inexpertas medidas
económicas de planes de acción con poca vigencia internacional. La vida cada
día más cara, la moneda cada vez perdiendo más y más valor. El bolsillo de los
venezolanos vacíos, en las calles ríos de sangre inocente, los hospitales sin
insumos, racionamientos de luz y agua, pésimas prestación de servicios, y de la
misma forma, deplorable resolución de problema.
La situación
la definimos en la actualidad con una imagen que dice más que mil palabras.
Las redes
sociales andan conmocionadas por las imágenes del costo de los atunes.
El sueldo
mínimo pasará de 9.648,16 bolívares a 11.578 bolívares, pero este aumento
no es suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los venezolanos.
Pues los venezolanos tendrán que invertir un cuarto de su sueldo para comprar
una lata de atún de 170 gramos.
Una lata
marca Eveba de 400 gramos, la más grande, pasó a costar 5.963,44 bolívares. La
de 170 gramos, 2.981,72 bolívares y la más pequeña de 140 gramos, 490,86
bolívares.
Una lata de
atún de 170 gramos equivale a más de 25% del nuevo sueldo.
El próximo
primero de marzo entrará en vigencia el aumento del sueldo mínimo anunciado por
el presidente Nicolás Maduro el 17 de febrero.
Con
información extraída de El Nacional
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